Nuevo régimen penal juvenil: más seguridad y más derechos.

El Gobierno nacional presentó el proyecto de régimen penal juvenil, que fue elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia. Expusieron los lineamientos fundamentales de la iniciativa el ministro del área, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto se propone terminar con una deuda pendiente de la democracia argentina y adecuar la legislación en la materia a los estándares que surgen de instrumentos internacionales que gozan en nuestro país de jerarquía constitucional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Es, antes que nada, un régimen general y sistemático, que aborda la cuestión penal juvenil desde múltiples perspectivas. Por tal razón, es erróneo el enfoque de algunos medios que lo encuadran como una mera baja de la edad de imputabilidad. Este es solo uno de los aspectos proyectados, y de ninguna manera el más importante. Lo medular consiste en el establecimiento de un régimen penal específico para los menores entre los 16 y los 18 años de edad. La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años es solo para los delitos graves, que tengan una pena máxima de 15 años o más de prisión.
Cuál debe ser la edad a partir de la cual comience la responsabilidad penal es un asunto por cierto opinable. Esa edad varía en la legislación comparada. En general, se distingue la edad relativa a la imputabilidad penal de las edades que corresponden a la responsabilidad civil. El distingo es lógico, porque se interpreta que un ser humano diferencia las nociones elementales del bien y el mal antes de poseer la madurez necesaria para otorgar actos jurídicos. No se requieren muchos años de edad para comprender que no se debe matar a otra persona, mientras que hacen falta normalmente algunos más para advertir las consecuencias de firmar un contrato. De ahí que la disminución de la edad de imputabilidad penal a los 15 años y solamente para los casos de delitos más graves no representa ninguna lesión a los derechos de los menores y permite una más eficaz acción punitiva del Estado a tono con las demandas de la sociedad.
El régimen penal juvenil, por otra parte, dispone de una variedad de herramientas. La condena a prisión es la excepción, no la regla: «Solo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente». Se procurará conocer las causas que llevaron al menor a delinquir y trabajar fundamentalmente con enfoques sociales y educativos.
El nuevo régimen, si es aprobado por el Congreso, permitirá que los adolescentes afronten las consecuencias de sus actos. En tal sentido, tiende a proteger a la sociedad con mayor vigor que hasta ahora de las conductas delictivas. Pero también beneficia a los menores que incurren en esos actos, no solo por las medidas sociales y educativas que se pondrán en marcha, sino porque saldrán del limbo jurídico en el que hoy se encuentran, absolutamente sujetos a la discrecionalidad de los jueces, y se les garantizará el debido proceso. Serán plenamente sujetos de derechos, con la ventaja —para ellos y para toda la comunidad— de que la restricción de su libertad será excepcional. El Estado actuará en adelante, respecto de ellos, con un criterio más preventivo que sancionatorio. Se superará, en consecuencia, una falsa dicotomía: habrá mayor seguridad junto a mayores derechos.
Buenos Aires, martes 28 de febrero de 2019.-

Dr. Jorge R. Enríquez
Diputado Nacional
jrenriquez2000@gmail.com
twitter: @enriquezjorge

Publicado en INFOBAE (https://www.infobae.com/opinion/2019/02/28/nuevo-regimen-penal-juvenil-mas-seguridad-y-mas-derechos/)

Ni mano dura ni mano blanda: se trata de aplicar la ley.

El tema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Los gobiernos kirchneristas se pasaron más de diez años subestimando esa demanda social, negando la gravedad del asunto o suponiendo que se trataba de inquietudes de la derecha. En pocos campos como este se advierte cómo la intoxicación ideológica produce estragos. Nos hemos referido en muchísimas oportunidades a este tema, pero es necesario insistir con algunos conceptos básicos. La brutalidad de la última dictadura militar hizo que se percibiera, después, a todo ejercicio de la autoridad y el orden como represivo.
Esa tendencia fue agravada por doctrinas penales, que fueron influyendo en muchos jueces, según las cuales los delincuentes son víctimas de la sociedad y, por lo tanto, no deben ser victimizados nuevamente con el castigo penal.
Eso no es garantismo, sino abolicionismo. Lo que esos intelectuales de laboratorio no dicen es cómo, si no es con las herramientas de la ley penal, entre otras, se puede proteger a la mayoría de la sociedad, que no comete delitos, que es pacífica y que quiere trabajar y vivir dentro del orden jurídico.
Costará mucho remontar esta situación. El primer paso será asumir su gravedad en toda su alarmante dimensión.
Recordemos que hace pocos años, como manifestación de esos desvaríos, con el patrocinio de las autoridades penitenciarias se había creado una agrupación de detenidos llamada «Vatayón Militante», a los que se llevaba a actos partidarios. Se pretendió justificar esas irregularidades con la burda excusa de que se trataría de actos «culturales». O que el kirchnerismo había promovido una asociación de barras bravas, y la entonces Presidente de la Nación, irónicamente durante un acto vinculado con la seguridad en el fútbol, se había referido a tales sujetos de un modo laudatorio y afectuoso, solo atribuible a una profunda ignorancia de la realidad, si descartamos razones mucho más peligrosas.
Hubo durante mucho tiempo una exaltación de la cultura de la transgresión, de la marginalidad, de la ilicitud. Mientras las personas honestas, respetuosas de la ley, eran perseguidas si expresaban alguna discrepancia con las posturas oficiales, los delincuentes recibían un trato que tendía a diluir toda noción de castigo.
El kirchnerismo ya no gobierna, a Dios gracias, pero su prédica abolicionista, que tiene como faro intelectual a un jurista como Eugenio Raúl Zaffaroni, de larga trayectoria académica, pero que prefirió ignorar sus deberes de magistrado en la Corte Suprema argentina y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para transformarse en un militante partidario, permanece intacta en muchas funestas decisiones judiciales.
El verdadero juez garantista es el que aplica sin vacilaciones la Constitución y las leyes, y obra en el marco del debido proceso asegurando las garantías de los imputados. Pero cuando se excede en esa función, actuando como un verdadero abogado defensor, se desequilibra el fiel de la balanza de la justicia y la sociedad queda en estado de indefensión. No se trata de aplicar la mano dura, sino la mano justa. Es común que se otorguen libertades condicionales a personas que no las merecen por sus antecedentes. No hay ningún progresismo en dejar expuestas a las personas honestas a la acción de los criminales. A quien le pese la tarea de juez, puede dedicarse a otra actividad, pero no a impartir justicia.
Por cierto, siempre puede haber modificaciones en las leyes que favorezcan el obrar más rápido y seguro de los jueces, pero con las que hoy tenemos basta para que se pueda actuar en forma mucho más eficaz si los magistrados se dedican a aplicarlas en lugar de buscar cualquier resquicio para consagrar la impunidad.
Buenos Aires, martes 05 de febrero de 2019.-

Dr. Jorge R. Enríquez
Diputado Nacional
jrenriquez2000@gmail.com
twitter: @enriquezjorge

Publicado en INFOBAE (https://www.infobae.com/opinion/2019/02/04/ni-mano-dura-ni-mano-blanda-se-trata-de-aplicar-la-ley/)

Maduro vulnera la autodeterminación del pueblo venezolano.

Hay que usar las palabras con propiedad. Una de las herramientas de los populismos latinoamericanos ha sido invertirles el sentido. Juan Guaidó no dio ningún golpe de Estado. Quien sí dio un golpe de Estado fue Nicolás Maduro, al reformar inconstitucionalmente la Constitución (la propia Constitución «bolivariana» impulsada por Hugo Chávez) y luego organizar unas elecciones fraudulentas para que le dieran el triunfo que no podría haber conseguido en elecciones libres y transparentes.
Desde ese momento, Maduro se convirtió en un gobernante de facto. Dicho de modo más claro y simple: en un dictador. ¿Qué hacer frente a una violación tan manifiesta del orden constitucional y democrático? ¿Deben los venezolanos quedarse de brazos cruzados? De ninguna manera. Deben defender, como lo hacen, el orden constitucional, protestando pacíficamente y denunciando ante el mundo los atropellos sufridos en su patria.
Mientras tanto, hay un único órgano en Venezuela que representa cabalmente a la voluntad popular, porque surgió de los últimos comicios limpios que se hicieron, los celebrados en 2015. Es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. La Asamblea tiene amplia mayoría opositora. Ante esa manifestación de la voluntad del pueblo, Maduro operó para vaciar a ese órgano de todo poder. También usó la Justicia adicta para impedir que se realizara un referéndum revocatorio, que lo removería de la presidencia. Y finalmente modificó inconstitucionalmente la Constitución para poder llamar a unas elecciones amañadas, de las que de antemano se sabría que sería el ganador.
Todo eso demuestra que el régimen chavista no constituye actualmente un orden constitucional y democrático. Este ha sido groseramente violado. En tales condiciones, la comunidad internacional tiene el derecho de apoyar a quienes en Venezuela representan a la democracia y denunciar a los golpistas.
En particular, para los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se trata de un mandato derivado de la Carta Democrática, que los obliga a interesarse y a postular acciones para restituir la democracia en países en los que ha sido afectada.
No puede hablarse, como los hacen los kirchneristas y los neokirchneristas, como Pino Solanas, de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Ese principio rige en tanto se trate de gobiernos democráticos. Más aún, inclusive en estos quienes forman parte del sistema interamericano y son signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, deben respetar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir que la antigua noción de soberanía ya no rige en términos tan absolutos. Los países que integran espacios regionales ceden parte de su soberanía.
La misma concepción de los derechos humanos es un límite a la idea de soberanía nacional. Si hay un piso de derechos que todos los países deben reconocerles a sus ciudadanos (ya sea que se considere que estos surgen «naturalmente» o que derivan de tratados internacionales que obligan a los países que los ratifican), que no otra cosa son los derechos humanos, entonces es evidente que ni nociones como la soberanía ni la autodeterminación de los pueblos pueden invocarse en términos incondicionales.
Por otra parte, la condición de la autodeterminación de los pueblos es la democracia. Sin ella, ¿de qué pueblos hablamos? La mayoría del pueblo en Venezuela quiere terminar con el inconstitucional gobierno de Maduro y elegir libremente a sus representantes. Si este principio se aplicara correctamente, sería Guaidó quien debería esgrimirlo como fundamento de la legitimidad de su carácter de presidente encargado.
El principio de autodeterminación de los pueblos no puede ser la excusa para sostener a tiranos. Lo han usado en Latinoamérica todos los dictadores. En el marco de instituciones que aseguren la libre expresión de la voluntad popular, el respeto del pluralismo y los derechos de las minorías, cada país puede tener el gobierno que la mayoría de su pueblo determine. Pero no nos confundamos. La cuestión en juego en Venezuela no es izquierda o derecha. Guaidó es socialdemócrata y su partido integra la Internacional Socialista. La opción de hierro, frente a la que no caben tibiezas ni medias tintas, es democracia y dictadura.
Buenos Aires, lunes 28 de enero de 2019.-

Dr. Jorge R. Enríquez
Diputado Nacional
jrenriquez2000@gmail.com
twitter: @enriquezjorge

Publicado en INFOBAE (https://www.infobae.com/opinion/2019/01/28/maduro-vulnera-la-autodeterminacion-del-pueblo-venezolano/)